Instalar ascensor en comunidad: mayoría y obligaciones

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) obliga a la comunidad a mantener el edificio en condiciones de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal. Dentro de ese deber, su artículo 10 considera obras obligatorias —y que no necesitan acuerdo previo de la junta— determinadas actuaciones de accesibilidad. La clave es que las pida un propietario en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años. En esos casos, la comunidad no puede limitarse a votar «no» sin más justificación.

Hablamos de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten el acceso o la comunicación con el exterior. Que la obra sea obligatoria no significa que sea gratuita ni ilimitada: la propia ley fija un tope económico, las conocidas doce mensualidades, que vemos más abajo. Tampoco hace falta acreditar una discapacidad oficial en todos los supuestos, porque el criterio de la edad (mayores de setenta) opera por sí solo. Si tu situación encaja aquí, tienes un punto de partida sólido para plantear la petición.

Cuando la obra no entra en el supuesto obligatorio, la instalación del ascensor se decide en junta. Aquí la LPH es más flexible que para otras mejoras: su artículo 17 rebaja la mayoría exigida para las obras de accesibilidad. Basta el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación (la llamada mayoría simple), y no la mayoría reforzada que se pide para otras innovaciones. Es una diferencia importante, porque pone el ascensor más al alcance de muchas comunidades.

Conviene saber que el propietario que vota en contra no queda exento de pagar: una vez aprobada válidamente, la instalación obliga a toda la comunidad y el gasto se reparte según el coeficiente de participación. Por eso muchos conflictos no giran sobre «si» se instala, sino sobre cómo se reparte el coste o dónde se ubica. Para que el acuerdo sea válido es esencial que la junta esté bien convocada y que el acta refleje con claridad lo aprobado. Un defecto formal puede abrir la puerta a una impugnación más adelante.

El tope de las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes es la cifra que más confunde. Funciona así: cuando un propietario con derecho (persona con discapacidad o mayor de setenta años en su vivienda) pide la obra de accesibilidad, esta es obligatoria sin necesidad de acuerdo siempre que el importe repercutido al año, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no supere esas doce mensualidades. Es decir, el límite mide el esfuerzo económico anual, no el coste total de una sola vez.

¿Y si la obra cuesta más de doce mensualidades? Entonces deja de ser automáticamente obligatoria, pero la comunidad puede aprobarla igualmente por mayoría simple; y si lo hace de forma válida, queda obligada a pagarla aunque supere ese límite. También cabe que el propietario interesado asuma el exceso para sacar adelante la instalación. Por eso suele compensar pedir presupuestos y revisar las ayudas disponibles antes de la junta: la cifra final puede cambiar por completo quién está obligado a qué.

Si necesitas el ascensor, ordena tu caso antes de la junta: reúne el presupuesto, la documentación que acredite la situación (edad o discapacidad) y las posibles subvenciones. Solicita por escrito al presidente o al administrador que el punto se incluya en el orden del día, para que el acuerdo pueda adoptarse con todas las garantías. Guarda copia de la convocatoria y del acta, porque serán tu prueba si más adelante surgen discrepancias. Cuanto más claro esté el expediente, menos margen habrá para bloqueos.

Cada comunidad es un mundo y los detalles (cuotas, ayudas, estado del edificio) cambian el resultado, así que esto es información general y no sustituye el análisis de tu caso concreto. Si quieres saber en minutos qué norma te afecta y si tienes recorrido, puedes contarnos tu situación en nuestra consulta exprés gratis. Y si necesitas un documento sólido para presentar en la comunidad o defender tu posición, nuestro Dictamen jurídico a medida estudia tu caso con citas verificadas y, si lo deseas, firma de un abogado colegiado del ICAB. Sin prometerte un resultado: te damos criterio para decidir con cabeza.